Calvià ha impuesto este verano sanciones por un importe cercano a los dos millones de euros a locales de ocio de Magaluf. Lo ha hecho a través de los treinta expedientes abiertos a bares de copas y discotecas, pero también a organizadores de party boats, y siempre en aplicación del decreto de Excesos.
Una decena de esas sanciones fueron calificadas como “muy graves”, por lo que los empresarios deberán abonar multas que de promedio se sitúan entre los 130.000 y los 140.000 euros, según detallaba ayer el alcalde de Calvià, Alfonso Rodríguez Badal. De ellas, ocho basan la sanción en la venta de alcohol fuera del horario permitido mientras las otras dos obedecen a la “denigración del cuerpo de la mujer” a través de cartelería o publicidad.
El alcalde ha hecho en todo caso un balance positivo de la aplicación del decreto de excesos en la primera temporada de aplicación tras el paso de la pandemia.
Las elevadas cuantías económicas, pero también las medidas cautelares que incluyen -como el cierre de la actividad- han servido, según Rodríguez Badal, para reducir este año las actitudes incívicas y para proyectar hacia el exterior “una mejor imagen del destino”.
El primer edil se reunió AYER en sede consistorial con representantes del Consell, del Govern, y con la delegada del Gobierno, Aina Calvo. Las tres instituciones coinciden de hecho en hacer un balance positivo del decreto, valorando especialmente la “eficacia” que, según ellos, ha mostrado el texto autonómico para frenar los excesos y transmitir una “buena imagen” hacia el Reino Unido, principal mercado emisor de Magaluf. La presidenta del Consell, Catalina Cladera, ha puesto en valor las buenas cifras en cuanto a aplicación de la normativa contra los excesos en Calvià. Cifras que mandan un claro mensaje a los mercados emisores del turismo que no quiere el municipio.
Desde la Guardia Civil ponen el acento en el notable incremento de los delitos resueltos: un 20 % más que en el verano previo a la llegada del coronavirus. Además, se ha llevado a cabo el despliegue por vez primera -entre el 1 de junio y el 30 de septiembre- del llamado Grupo Rural de Seguridad, algo que ha servido para “multiplicar la eficacia! en palabras del comandante de la Benemérita Gómez Bastida.
Por otra parte, desde el Govern subrayan que la inversión en infraestructuras con fondos europeos servirá para mejorar la oferta turística y aportar “mayor calidad” al destino. Así lo señaló la DG de Turismo, Rosa Ana Morillo, quien entiende que el decreto ha demostrado ser “necesario”.
Y un último dato: 59 infracciones son las que ha sancionado el Consell de Mallorca tras realizar 196 inspecciones en Magaluf, que han sido 1.900 en el conjunto de Mallorca.
